Por Aramís Castro y Hamer Arteaga

La mañana del 6 de febrero, el 29° Juzgado Penal de Lima decidió procesar al rector Luis Claudio Cervantes Liñán, por el presunto de delito de fraude en la administración de personas jurídicas en agravio de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. El rector deberá cumplir con las citaciones y mandatos judiciales y no variar de domicilio sin previo aviso al juzgado. Mientras dure el proceso, Cervantes también deberá concurrir cada 60 días a registrar su huella dactilar.

La jueza Celia San Martín ordenó además que la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) informe respecto a las cuentas bancarias del rector, y solicitó a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) la lista de los bienes muebles e inmuebles del acusado.

La orden incluyó impedir su salida del país “debido a la existencia de un real y efectivo peligro procesal, por su conducta obstruccionista durante la investigación preliminar, las enormes cantidades de dinero que maneja y por su extenso movimiento migratorio”, informó la nota de prensa de la Corte.

Este proceso penal incluye a funcionarios, representantes estudiantiles y graduados de la universidad, algunos imputados como presuntos autores y otros como presuntos cómplices secundarios en el delito de fraude.

Sólo con una auditoría contable integral se establecerá si hubo o no perjuicio económico contra la universidad. Esta auditoría también ha sido ordenada por la jueza San Martín.

¿Intervendrán la Garcilaso?

Tras largos meses de acusaciones y de investigación fiscal, esta vez el rector parece estar contra las cuerdas. Incluso su cargo dentro de la universidad tambalea, pues la jueza ha pedido a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) adoptar “las acciones respectivas para evitar que el aún rector tenga la condición de procesado y a la vez representante legal de la universidad”.

Ya en noviembre pasado, la ANR se pronunció sobre el caso y decidió esperar el fallo del 29° Juzgado Penal de Lima y las conclusiones de la Comisión de Educación del Congreso que en octubre pasado recibió facultades para investigar a Cervantes. La ANR declaró entonces: “Las conclusiones y el consiguiente proceso de intervención en curso de la Universidad Garcilaso deberá considerar esos resultados, para lo cual el Consejo de Asuntos Contenciosos Universitarios (CODACUN) mantendrá un seguimiento minucioso, con la seguridad de que al final se emita una decisión imparcial”.

Pues bien, la ANR ya conoce la decisión del juzgado penal, sólo faltarían las conclusiones de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso que en las últimas semanas ha entrevistado a una serie de testigos cuyos testimonios complican aún más la suerte del rector.

Según la actual Ley Universitaria, cuando se presenten graves irregularidades académicas, administrativas, normativas o económicas en una universidad privada, la ANR podrá, de oficio, intervenir y adoptar las medidas necesarias, las que pueden llegar hasta la reorganización total de la universidad y el cese de sus autoridades.

Frente a los hechos ¿la ANR intervendrá la universidad?

Sería fácil deducir la respuesta si la ANR y el rector Cervantes no tuvieran abogados del mismo estudio que, ciertamente, a esta hora deben estar maquinando sus argumentos legales para frenar la orden judicial.

A mediados de enero de este año, Corresponsales.pe informó que el abogado del rector Cervantes era Domingo García Belaúnde, del Estudio Flores-Araoz, liderado por el conocido político Ántero Flores-Araoz. Semanas antes, Don Ántero se había presentado en la Comisión de Educación de Congreso y en varios medios de comunicación como abogado de la ANR y firme crítico del dictamen de nueva Ley Universitaria.

Con la orden judicial, la ANR deberá tomar una decisión. Sin duda, un peliagudo tema legal donde será decisivo el papel de García Belaunde y del ex ministro Flores-Araoz.

- Es el fundador del estudio, es mi amigo y jefe, dijo García Belaunde a Corresponsales.pe en entrevista telefónica.

En suma, ambos abogados, con oficinas aledañas dentro del mismo estudio y con clientes con intereses contrapuestos: ¿respetarán el secreto profesional y el principio de buena fe?

La relación entre García Belaunde y Cervantes se inició a fines de agosto de 2013, cuando el rector, preocupado por la revelación de su millonario sueldo, envió una carta al abogado para que le ayudara con una duda: ¿era posible que la ANR interviniera la universidad si existían graves irregularidades? Finalmente, el rector contrató a García Belaunde para que lo asesorara en este caso y en la investigación que realiza la Comisión de Educación del Congreso. Consultado por Corresponsales.pe, García Belaunde dijo:

García Belaunde: Han nombrado una comisión investigadora de manera irregular, una subcomisión dentro de una comisión. En el caso de la Universidad Garcilaso no hay interés público. Se dice que las autoridades se suben los sueldos desmesuradamente y se están beneficiando porque no pagan impuestos, pero la universidad es privada y sí paga impuestos. Es una universidad asociativa, sin fines de lucro, hay auditores que vigilan su contabilidad. Que lo investigue el Poder Judicial no el Congreso. La pregunta es ¿dónde está el interés público?

Corresponsales.pe: Doctor, la suspicacia viene de las denuncias por los millonarios ingresos del rector Cervantes que indican que gana S/.2 millones de sueldo.

García Belaunde: No tengo la información exacta. A mí me han dicho que son algo así como S/.800 mil, que con impuestos son como S/.650 mil al mes, eso es lo que tengo entendido pero no me consta. Sin embargo, si el rector tiene el apoyo de su consejo y la asamblea universitaria pues allá él, es problema de la universidad. En la medida que la universidad no quiebre, que brinde buenos servicios y pague impuestos, legalmente hablando, no debe haber ningún problema.

Para el abogado, la “subcomisión parlamentaria” que investiga al rector es irregular. Eso no es exacto, porque no se formó ninguna subcomisión sino que es la propia Comisión de Educación, Juventud y Deporte la que investiga el caso desde que en octubre el Pleno del Congreso le diera facultades para hacerlo. Asimismo, para García Belaunde el millonario sueldo del rector es un asunto privado. La propia ANR refuta este argumento en su comunicado del 18 de noviembre de 2013 sobre el caso: “(…) la universidad, quien por su esencial carácter de servicio público, está sometida al control de las instancias que la legislación peruana establece”.

Le llueven las acusaciones

Mandó a poner su nombre a la escuela de postgrado de la universidad 

A inicios de febrero, un diario local informó que la 57° Fiscalía Provincial Penal tenía ya el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) sobre Luis Cervantes, investigado por lavado de activos. Según el reporte, el rector “registra ingresos por montos significativos entre enero y setiembre de 2013, los cuales ascienden a USD 2’785,240”.

Corresponsales.pe también tuvo acceso al documento de la UIF que, por ejemplo, indica que “la transferencia interbancaria realizada el 10 de julio del 2013, desde su cuenta propia en el Banco de Comercio, por el monto de US$1’900,000, llama la atención de la entidad financiera, puesto que no pudo determinar el origen de esos fondos”. El informe se elaboró a pedido de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Procesos de Pérdida de Dominio.

A la acusación fiscal se suma la de tres ex trabajadores que denunciaron a Cervantes y al Jefe de Seguridad de la universidad, Coronel PNP Segundo Mejía Montenegro, de haberles recortado su salario a través de terceros para beneficiarse entre los años 2008 y 2012. Los ex empleados cumplían labores de seguridad y han enviado cartas notariales al rectorado solicitando se les reincorpore en su cargo y se les reembolse el dinero retenido.

De acuerdo a la denuncia de los ex agentes, ellos cobraban S/.2520, pero debían entregar S/.1320 en un sobre a José Gonzales Díaz, un agente de seguridad conocido como “El Peluquero”. Para ellos, Gonzales actuó por órdenes del Jefe de Seguridad, Mejía Montenegro, que a su vez reportaba al rector Cervantes. Según los ex empleados, aceptaron la situación por necesidad.

Corresponsales.pe conversó con el Jefe de Seguridad de la universidad, que negó las acusaciones y afirmó no tener nada que temer; y tal parece que esa es la actitud de varios funcionarios cercanos al rector, que hasta desconocen fallos judiciales para reincorporar a ex empleados.

Busto del rector en la Facultad de Educación

Este es el caso del exgerente Lucas Lavado, que llegó el 15 de enero pasado al Rectorado con una orden judicial que lo reincorporaba en el cargo tras ser despedido de forma arbitraria el 2013, pero en la universidad le negaron regresar a sus funciones argumentando que su edad lo imposibilita. Lavado fue quien denunció el exorbitante sueldo del rector Luis Cervantes Liñán el año pasado y luego fue despedido.

Según Lavado, el representante del rector, Jaime Espinoza, le dijo que no podía volver al ejercicio de sus funciones por tener 70 años. Efectivamente, el exgerente tiene dicha edad, pero según el Estatuto de la universidad, el gerente general es nombrado por el rector, y en ningún artículo se menciona el límite de edad. En el Estatuto se señala también que el Reglamento dispondrá el nivel y atribuciones del gerente, y en dicho documento, tampoco se señala el límite de edad.

El exgerente está analizando demandar a Cervantes por resistirse a la autoridad. Sería una línea más en la historia judicial del rector.

Publicado en La Primera: El rector en su laberinto /

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Fotos: La Primera 

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